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Lunes, 13 de agosto de 2007
Al menos cuatrocientas v?ctimas del terrorismo desconocen que lo son de cara a la Administraci?n o los tribunales y, por lo tanto, tampoco perciben las prestaciones sociales y econ?micas que les corresponden por ley. La raz?n es tan simple como ins?lita: ninguna instituci?n se ha encargado de localizarles y comunicarles su condici?n, reconocida a partir de que en alguna sentencia judicial aparecieran como daminificados por un atentado. Tras adquirir el compromiso de buscar a los afectados, la oficina de Apoyo a las V?ctimas del Gobierno central confirm? el viernes que ?este mismo mes? se est? trabajando ya en la localizaci?n de varios ciudadanos heridos en el ataque contra el Hipercor de Barcelona en 1987 para que reciban las indemnizaciones.

La mayor?a de los damnificados que se encuentran en esta situaci?n resultaron heridos o perdieron a un familiar en acciones terroristas ocurridas en las d?cadas de los setenta y los ochenta. Otros tiempos, donde, a la ausencia de asociaciones c?vicas que pudieran servir de v?nculo y canal informativo, se un?a ?la desatenci?n general. Las v?ctimas sal?an del hospital y, salvo sus allegados, nadie se interesaba por ellas?, reprocha Roberto Manrique, presidente de la asociaci?n catalana de daminificados (ACVOT) y herido en el atentado del Hipercor de Barcelona en 1987

Entre las b?squedas, 102 tienen su origen en ataques de ETA, la Triple A, Terra Lliure o los GRAPO. Las Brigadas Rojas, en un caso. Y entre setenta y un centenar corresponden a marinos y trabajadores que fueron ametrallados, secuestrados o atacados con minas hace tres d?cadas en medio del conflicto en el S?hara espa?ol entre el antiguo Frente Polisario y Marruecos. Ya jubilados, muchos siguen creyendo, como entonces se les dijo, que las balas que recibieron fueron, oficialmente, un ?accidente laboral?.

?Hablamos de resoluciones que habitualmente han salido diez, quince o veinte a?os despu?s del atentado, cuando los terroristas han ca?do y se han celebrado los juicios. Es decir, perdidas en el tiempo para muchos afectados que ni siquiera saben que hay un fallo judicial. Te?ricamente todos pensamos que la Administraci?n debe ponerse en contacto con ellos para informales, pero eso no se ha hecho, al menos en todos los casos y con el rigor necesario?, critica Manrique.

La ayuda de detectives

Los primeros indicios de esta bolsa de v?ctimas sin localizar, cuyo n?mero real no se conoce con exactitud aunque nadie duda que ir? en aumento a medida que sigan indag?ndose sentencias antiguas y se resuelvan nuevos juicios contra etarras, tuvo lugar precisamente en 1999 a ra?z de la entrada en vigor de la Ley de Solidaridad. La normativa conced?a un plazo a los damnificados para que pudieran inscribirse en el registro y tener acceso as? a los pagos y diferentes prestaciones sociales, como becas de estudio para los hijos o facilidades en la adquisici?n de una vivienda.

La asociaci?n catalana -entonces una secci?n dependiente de la AVT y, m?s adelante, como colectivo propio bajo las siglas ACVOT- comenz? a revisar resoluciones judiciales para facilitar los tr?mites a las v?ctimas. Repas? juicios que se remontaban incluso a 1968, a?o hasta el que la normativa tiene car?cter retroactivo. Con estupor, la ACVOT constat? que ?de bastantes v?ctimas ni siquiera se conoc?a su paradero. Eran nombres y apellidos. No deja de ser curioso que una Administraci?n pueda localizarte para enviarte una multa de tr?fico o una citaci?n judicial, pero que a la hora de comunicarte que eres beneficiario de una indemnizaci?n no ocurra igual?.

?Decidimos que hab?a que ponerse las pilas para encontrar al mayor n?mero posible con el fin de que pudieran acceder a las ayudas en el plazo previsto?, recuerda Roberto Manrique. Setenta v?ctimas fueron localizadas, parad?jicamente, gracias a la ayuda desinteresada del Colegio de Detectives de Catalu?a.

?Nos caus? una gran sorpresa que hubiera afectados por el terrorismo sin localizar. Tampoco entend?amos que, si nosotros pod?amos encontrar a una v?ctima, ?c?mo no pod?a hacerlo la Administraci?n con todos sus medios??, explica un portavoz del Colegio, que prefiere omitir detalles de una b?squeda ?que a veces fue sencilla y, otras, muy dif?cil. Nunca hemos querido darle publicidad porque creemos que perder?a su esp?ritu: simplemente, entendimos que no pod?amos quedarnos de brazos cruzados?.

Entre 1999 y 2005, la asociaci?n dio con el paradero de otras veinte v?ctimas, que se incorporaron a las prestaciones contempladas por la Ley de Solidaridad despu?s de la apertura de un nuevo plazo de inscripci?n (11 de marzo-11 de septiembre) por mediaci?n de Gregorio Peces-Barba, Alto Comisionado del Gobierno para las V?ctimas del Terrorismo, y del director de la Oficina de Apoyo a las V?ctimas, Jos? Manuel Rodr?guez Uribes.

Uribes pidi? tambi?n al colectivo que le entregara el listado de todos los damnificados 'an?nimos' para que Interior iniciara su b?squeda: ahora mismo, esa lista se eleva a 102 ciudadanos. Entre ellos, figuran una veintena de heridos en los atentados de Hipercor y la casa-cuartel de Vic, diecis?is afectados por la explosi?n de un coche-bomba de ETA en un cuartel de la Polic?a Nacional en Barcelona en 1986 y otra decena que result? lesionada por el paquete bomba que la Triple A hizo detonar en la redacci?n de 'El Papus' en 1977.

La pregunta inmediata, a la vista de estos hechos, es: ?Por qu? los propios interesados no se han movilizado por su cuenta durante todos estos a?os? ?Por desinformaci?n, falta de medios o dolor?, responde Manrique. ?Es un tema muy complejo. Hemos hallado v?ctimas que no se consideraban como tales porque un d?a lograron recuperarse. Hab?an visto como otros perd?an una extremidad y pensaban: 'Si yo he salido por mi propio pie del hospital, no puedo compararme con aqu?l que ha quedado inv?lido'. Otro caso: recientemente hemos localizado a dos hermanos heridos en el incendio del hotel Corona de Arag?n en 1979. Ellos segu?an pensando que, como se dictamin? al principio, lo suyo fue un accidente y que no eran afectados por el terrorismo, como los declar? el Gobierno hace unos a?os. Y hay una cuesti?n recurrente: muchas viudas y hu?rfanos han dejado de indagar en alg?n momento para no continuar regresando a un pasado doloroso?.

Sin plazos

Finales de los 70. Luc?a Jim?nez ten?a 10 a?os cuando su padre, electricista en una empresa de fosfatos en el S?hara, result? herido en atentado. El 'Land Rover' en el que viajaba pis? una mina. Un compa?ero muri?. ?l salv? la vida, pero regres? a Canarias ciego, sordo y con abundante metralla alojada en sus extremidades. El Gobierno lo consider? un ?accidente laboral? y le concedi? una paga de invalidez permanente de 40.000 pesetas. Estaba casado y ten?a cinco hijos.

A ra?z de la Ley de Solidaridad, Luc?a y su familia iniciaron un proceso para ser reconocidos como v?ctimas del terrorismo. In?til. ?La Audiencia Nacional nos respondi? en 1999 que 'eso no se remueve'?. En 2005, cuando el Ejecutivo estableci? un nuevo plazo de incorporaci?n a la normativa, volvi? a la carga. Se reuni? con Gregorio Peces-Barba, ?que se ech? las manos a la cabeza. Es un hombre sensible hacia las v?ctimas. En cambio, las gestiones con el anterior Gobierno fueron terribles?, reprocha. En 2006, empez? a llegar el reconocimiento a los espa?oles con cicatrices del antiguo conflicto del S?hara. ?Este Gobierno ha sido valiente en reconocerlo. Era algo tan flagrante que actu? de oficio?. Para Francisco Jim?nez lleg? tarde: muri? dos semanas antes de recibir la notificaci?n.

Desde la asociaci?n canaria de v?ctimas, Luc?a lleva ocho meses buscado a casi un centenar de marineros y operarios atacados en aquel territorio y en el banco canario-sahariano, as? como a unos 200 familiares, tanto de los heridos como de los fallecidos. ?Son personas que est?n debajo de la alfombra administrativa. La mayor?a sigue pensando que fueron v?ctimas de un accidente laboral o ha renunciado a pelear porque quiere olvidar. Pero eso no evita que tengan derecho a una indemnizaci?n?.

Para estas asociaciones, los 400 casos detectados representan ?nicamente la punta del iceberg. Ante la presunci?n de que sigan aflorando, los catalanes han pedido al Gobierno que anule los plazos de inscripci?n para recibir ayudas y convierta este tr?mite en ?'ad eternum', con el fin de que cualquier damnificado que encontremos pueda incorporarse directamente al registro sin esperar uno o dos a?os a que se abran los plazos?.

La asociaci?n gallega de afectados por el terrorismo abordar? tambi?n este conflicto durante unas jornadas que celebrar? en octubre en La Toja. ?Existe descontrol?, subraya su presidente, Eloy Ruiz, en unas declaraciones que no eluden la autocr?tica. ?Veamos si somos capaces de contactar con la sociedad, pero tambi?n con nuestra propia gente?.
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