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Lunes, 22 de enero de 2007
..."Es como un cuento perverso en el que los poetas atracan a su pueblo, los cantantes llaman piratas o pendejos electr?nicos a los ciudadanos honestos, los m?sicos cambian sus instrumentos por calculadoras y a los autores les inspira la letra de las leyes y de los reglamentos para aplicar tasas. Una verdadera pesadilla, para salir de la cual basta con abrir los ojos y no dejarse enga?ar"...

Con la nueva LPI pocas cosas han cambiado, no resuelve los problemas de aplicaci?n del canon, porque seguimos teniendo un texto que impone un canon sobre los soportes digitales, pero ahora, adem?s, lo agrava ampliando la obligaci?n de pagar a los ?presuntos? autores de ?presuntas? obras un canon por, ?presuntamente?, hacer copias privadas de su trabajo. Y todo ello se ?presume? por ?idoneidad?. En lo que al canon se refiere, las novedades del texto legal, se traducen b?sicamente en que no se ha regulado un sistema de cobro del canon que respete el juego constitucional del equilibrio de intereses y derechos, en este caso, de autores y de consumidores de tecnolog?a.

Pens?bamos que se iba a hacer una transposici?n real de la Directiva europea 2001/29/CE, que dice que ?para que los autores y los int?rpretes puedan continuar su labor creativa y art?stica, deben recibir una compensaci?n adecuada por el uso de su obra, al igual que los productores, para poder financiar esta labor?.

Pero, sobre este derecho exclusivo de los autores, y en concreto, respecto de la reproducci?n y/o la comunicaci?n al p?blico de la obra, la Directiva prev? varias excepciones en su art?culo 5, permite usar as? la obra en determinados casos, y en especial se?ala las ?reproducciones en cualquier soporte efectuadas por una persona f?sica para uso privado y sin fines directa o indirectamente comerciales, siempre que los titulares de los derechos reciban una compensaci?n equitativa? (copia privada), ?teniendo en cuenta si se aplican o no a la obra o prestaci?n de que se trate las medidas tecnol?gicas contempladas en el art?culo 6? (Digital Right Management). Exactamente dice que el ?nivel de compensaci?n equitativa deber? determinarse teniendo debidamente en cuenta el grado de utilizaci?n de las medidas tecnol?gicas de protecci?n contempladas en la presente Directiva. Determinadas situaciones en las que el perjuicio causado al titular del derecho haya sido m?nimo no pueden dar origen a una obligaci?n de pago?.

No es necesario ser un jurista experto para entender lo siguiente: que es el hecho de realizar reproducciones de las obras para uso privado es lo que puede o no dar lugar a una compensaci?n econ?mica, es decir USAR LA OBRA, y que la utilizaci?n de DRM elimina la posibilidad de cobrar dicha compensaci?n. Con la nueva LPI se cobra canon por usar la obra y por no usarla, y adem?s se cobra aunque haya dispositivos o medidas tecnol?gicas de protecci?n (DRM), que ya existen en muchos soportes como los DVDs.

Nos encontramos por tanto ante un texto que justifica legalmente el cobro del canon: ?por uso de obras?, pero que, incongruentemente, para desarrollar el sistema de recaudaci?n, introduce otra justificaci?n legal completamente distinta: la ?distribuci?n de tecnolog?a?, y ello teniendo en cuenta el ingenio de los inventores, pues ampl?a el listado de elementos digitales ?id?neos?, y lo aprovecha para sumar en cascada el canon resultante a cobrar.

Para enlazar todo esto, el legislador utiliza la palabra ?id?neo?. Nos regala que el canon se cobra por la posibilidad que dan los soportes digitales de reproducir derechos de autor, porque son instrumentos id?neos, y porque todos vamos a usarlos para eso. Adem?s lo reafirma asegur?ndose de no citar la posibilidad de destruir esta presunci?n (para no dar ideas a los consumidores), convirti?ndola en la excusa perfecta para ignorar el significado del concepto ?equilibrio de intereses?, el concepto de ?congruencia?, y el de ?usuario?, aunque quiera disimularlo incluyendo una Comisi?n Arbitral, residual, insuficiente, que supuestamente va a armonizar los intereses de los favorecidos por la Ley y los de los perjudicados.

Con un poco de ayuda del sentido com?n y del mundo de lo jur?dico, acertamos a vislumbrar una mezcla muy oportunista entre lo que significa la copia privada (que da derecho a una compensaci?n) y lo que significa el problema de la pirater?a (que no da derecho a nada porque es delictivo), con lo que la ?compensaci?n? en cifras se hace m?s ?id?nea? para mantener la cultura a golpe de tal?n, que a golpe de creatividad.

Esta reflexi?n no es gratuita, lo expuesto muestra c?mo se ignoran los t?rminos de la Directiva Europea, pero tambi?n c?mo se ignora el juego del mercado previsto en la Constituci?n Espa?ola, en el que deben verse reflejados los intereses de todos los agentes que intervienen. Y as? lo exige en un s?lo art?culo (44 CE): ?Los poderes p?blicos promover?n y tutelar?n el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Los poderes p?blicos promover?n la ciencia y la investigaci?n cient?fica y t?cnica en beneficio del inter?s general?.

Todos tenemos derecho a la cultura y todos tenemos derecho a los resultados de la ciencia y la tecnolog?a, y en este contexto, los poderes p?blicos deber?an adem?s garantizar (art. 51 CE) ?la defensa de los consumidores y usuarios?. Y cuando en vez de ello, lo que hacen es aprobar una ley que promueve el funcionamiento antidemocr?tico y monopol?stico de determinadas ?organizaciones profesionales que contribuyen a la defensa de los intereses econ?micos que le son propios? (52 CE), entonces es cuando debemos replantearnos el sistema constitucional de arriba a abajo, y crear un nuevo sistema de prioridades e intereses, m?s pol?ticos, menos l?gicos...

En resumen, el texto de la nueva LPI adolece de una abrumadora indeterminaci?n, incongruencia y vaguedad, que olvida a los consumidores y su derecho al uso privado o profesional de la tecnolog?a, viol?ndolo con ?idoneidad?, y con la consiguiente inseguridad jur?dica que ello conlleva para el futuro. Tanto en la tramitaci?n como en el resultado, se ha permitido un desprecio absoluto a las organizaciones de consumidores y usuarios que han advertido de estos abusos. El legislativo no quiso o?r que los perjudicados tambi?n est?n amparados por la Constituci?n y por organizaciones que luchan por sus derechos, dej?ndolos al margen del texto legal. Ha demostrado que no le interesaba o?r aquello de ?adaptarse? a los tiempos, y est? queriendo, contra toda l?gica social y legislativa, ?frenarlos?. Debe ser que el equilibrio no compensa las p?rdidas culpables, o imprudentes si se quiere.
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